Fuente: Semana Económica
El Osiptel podrá tercerizar las acciones para fiscalizar a las empresas operadoras. Una decisión que elevaría la cantidad de agentes con capacidad de acceder a información sensible y también los eventuales riesgos en materia de confidencialidad.
Un reglamento recientemente publicado, que le permitirá al Osiptel tercerizar sus actividades de fiscalización, apunta a elevar los riesgos vinculados a la confidencialidad de la información para las ‘telcos’.
Bajo el nuevo esquema, el Osiptel mantendrá su competencia exclusiva para decidir el inicio de procesos sancionadores. La tarea de los nuevos agentes fiscalizadores será emitir informes que acrediten presuntos incumplimientos de las empresas, con el objetivo de ampliar tanto la capacidad de detección de estos como el alcance de las acciones de fiscalización, según comunicó Osiptel a esta revista.
Tercerizar las acciones de supervisión, sin embargo, también elevará la cantidad de agentes con capacidad de acceder a información sensible de las telcos fiscalizadas. “Ahora se abre a un grupo más amplio el poder de tener información privilegiada, que antes únicamente era conocida por Osiptel”, enfatiza Eileen Infantas, asociada senior del Estudio Echecopar.
El incumplimiento de la confidencialidad por parte de los fiscalizadores implicaría la resolución del contrato, según el Osiptel, además de la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades Fiscalizadoras. Candados que podrían ser insuficientes para compensar los posibles perjuicios para las ‘telcos’. “Aunque se resuelve el contrato, el daño ya estaría hecho. Por ejemplo, [la filtración] de un listado de clientes”, subraya José Miguel Porto, senior partner en Porto Legal.
El nuevo esquema derivaría en más procesos de fiscalización. Pero preocupa más que las empresas fiscalizadoras tengan los conocimientos suficientes para determinar cuándo un hecho es relevante en materia de inspección para dar lugar a un infracción, según Carlos González, socio de Hernández & Cía.
El Osiptel asegura que la Dirección de Fiscalización e Instrucción será la encargada de formular los términos de referencia que deben incluir los requisitos de calificación de los fiscalizadores; entre ellos, la capacidad técnica. Mientras que las fuentes consultadas por esta revista coinciden en que en el sector de ‘telcos’ la medición de obligaciones es un aspecto técnico en que el regulador ya tiene un amplio background. Y la entrada de nuevos actores podría generar errores en la lectura de ciertos parámetros.
El nivel de exposición a las supervisiones también dependerá del sistema de remuneración que se introduzca para las empresas fiscalizadoras. El reglamento indica que dichos contratos estarán conformados por los términos de referencia que establezca el regulador. «Esto le da muchísimo margen de maniobra al Osiptel para establecer los términos remunerativos. Esa es otra situación conflictiva. Si una forma de remunerar es con un porcentaje respecto de las multas cobradas en base a las fiscalizaciones, se va a generar una cacería», advierte Porto.
