Fuente: Ciar Global
El inversor ruso Igor Smirnov ha enviado una notificación de arbitraje de inversiones al Gobierno de España en relación con una disputa derivada de la suspensión de los permisos de pesca del cangrejo de las nieves, denunciando expropiación de sus inversiones. Smirnov se une al empresario Nicolai Visnea quien también ha amenazado a España con el mismo recurso.
Igor Smirnov, con motivo de las repetidas suspensiones y la revocación final de los permisos de captura del cangrejo de las nieves por parte de las autoridades españolas para las zonas de Svalbard y de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (CPANE), se une a la reclamación del empresario moldavo Nicolai Visnea con quien comparte la propiedad de Mariscos Polar.
Al igual que Visnea, representado también por Danilo Ruggero Di Bella (Bottella Di Bella), el empresario ruso en la misiva, advierte de que si el Gobierno español rechaza sus peticiones: “España renunciaría implícitamente a sus derechos internacionales derivados del Tratado de París de 1920, incluidos todos los derechos marítimos, industriales, mineros y comerciales sobre los recursos naturales del archipiélago de Svalbard.”
Las partes cuentan con un periodo de negociaciones de seis meses para llegar a un acuerdo y evitar el arbitraje de inversiones, según el Tratado Bilateral de Inversiones España Rusia.
Igor Smirnov, al igual que Nicolai Visnea, reclama a España una indemnización por los daños y perjuicios sufridos de al menos 31,5 millones de euros.
La pesca del cangrejo de las nieves
En 2015, Rusia y Noruega declararon al cangrejo de las nieves, especie propia de la plataforma continental, y no un recurso pesquero de alta mar, por lo que su explotación solo corresponde a los países ribereños.
Siguiendo recomendaciones de la Unión Europea, España suspendió el permiso para esta pesca, renovándolo posteriormente para volver a suspenderlo. En la notificación, se considera, citando al Tratado de París de 1920, que el archipiélago de Svalbard debería ser plataforma continental no solo para los noruegos, sino también para el resto de firmantes del tratado.
España no renovó el permiso de pesca, a pesar de que la Unión Europea recomendó hacer caso omiso de la prohibición noruega.
