Publicado anteriormente en Semana Económica

El proyecto de la nueva Ley de Contrataciones del Estado podría elevar la valla para que las empresas puedan contratar con este. La iniciativa que plantea reforzar el rol del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) le otorgaría a dicha entidad la posibilidad de administrar un listado de profesionales no elegibles para afinar la selección de los contratistas.

El registro incluirá a profesionales que hayan recibido una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado, por haber incurrido en infracciones contempladas en la nueva ley y por haber elaborado un expediente técnico con deficiencias, según informó el OSCE a SEMANAeconómica. Trabajar con un profesional que figura en esa relación acarrearía consecuencias graves para las empresas contratistas, de aprobarse la propuesta planteada. “Los proveedores del Estado tendrán que revisar la lista, al conformar sus equipos, para no ser descalificados en las licitaciones o sancionados durante la ejecución contractual. Y los profesionales deberán desarrollar sus actividades con solvencia técnica e integridad”, remarca Milagros Mendoza, socia de Rubio, Leguía & Normand.

El listado en cuestión podría proporcionar un mayor nivel de confianza entre los contratistas, debido a que tendrán más claro a quién no deben contratar y podrán escoger mejor a sus técnicos. En otros casos, podría elevar el nivel de las licitaciones. “Al menos, los proyectos no serán ejecutados por profesionales con algún antecedente”, afirma Brenda Sarrín, asociada especialista en Derecho Regulatorio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

Sin embargo, el hecho de que la iniciativa legislativa no establezca mayores estándares para los compradores públicos también ha despertado críticas. “Si no se tiene capacidad para evaluarlos ni garantizar su profesionalización, ¿cómo vamos a evaluar el mercado?”, cuestiona Juan Carlos Morón, socio del Estudio Echecopar.

Las facultades propuestas, por ejemplo, carecen de una mejora de la capacidad técnica que permita evitar los direccionamientos hacia determinados postores, de acuerdo con los especialistas consultados por esta revista. “Hay un consenso en el mercado en que el problema del OSCE no es de marco normativo, sino de capacidad técnica para realizar una supervisión efectiva”, argumenta Augusto Effio, consejero en Rodrigo Elías & Medrano.