Fuente: Semana Económica
La regulación para la identificación y gestión de pasivos ambientales en sectores distintos al minero e hidrocarburos ocasionaría obligaciones adicionales, pese a las certificaciones ya aprobadas.
Las empresas de sectores como el de pesca, industria, textil, agrícola o forestal asumirían, ahora, una mayor carga de supervisión ambiental. Un reciente reglamento del Ministerio del Ambiente (Minam) extendió la obligación de identificar y gestionar pasivos ambientales fuera del sector minero e hidrocarburífero. Así, se introducirán nuevas obligaciones no contempladas e independientes a las certificaciones ya aprobadas.
Las empresas que tengan pendiente la aprobación de un instrumento de gestión ambiental —que incluye el plan de manejo ambiental para el desarrollo de sus actividades e, incluso, el plan de cierre— podrían tener que incluir obligaciones adicionales. Por ejemplo, cuando las autoridades sectoriales —otros ministerios— identifiquen nuevos pasivos que deban ser gestionados al amparo del nuevo reglamento del Minam. “Este reglamento tendrá que estar aparejado con un programa que desarrolle el modelo de gestión”, observa José Luis Escurra, especialista en derecho ambiental del Estudio Balbi.
Si bien el reglamento establece como excepción que el plan de gestión ambiental no sea exigible cuando la empresa ya tenga uno aprobado por la autoridad sectorial, esa excepción no sería absoluta. “La empresa puede tener un plan de cierre y entrar en la excepción, pero la autoridad estatal puede exigir modificarlo, si [concluye] que debe comprender otras obligaciones. Eso es una carga adicional. Le da facultad a la autoridad para decidir si el plan no es suficiente, aunque ya haya sido aprobado”, advierte Nathalie Málaga, asociada en DLA Piper.
Por otro lado, las compañías que inicien sus actividades asumirán mayores costos por identificación y, de ser el caso, por remediación de pasivos ambientales. Ahora, deberán comunicar a la autoridad sectorial los potenciales pasivos que hayan identificado en un plazo de tres meses. Y la responsabilidad de dicha identificación recaerá en las empresas. “Esto implica toda una inversión para llevar a cabo el proceso, exponiéndose a sanciones de hasta 3,400 UIT por presentación de información falsa, incompleta o inexacta”, explica Vanessa Chávarry, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
Adicionalmente, las empresas que adquieran terrenos o plantas podrían tener que remediar los pasivos dejados por antiguos propietarios. “Las empresas que van a abrir una nueva subsidiaria o instalación tendrán que verificar que en la zona no haya pasivos. Deberán hacer ese barrido previo para evitar un gasto adicional”, resalta Nicole Freire, asociada principal del Estudio Echecopar.
Finalmente, en el caso de responsables no identificados, la normativa que habilita al Estado a asumir la gestión de dichos pasivos, pero también a determinar al privado que sería «tercero responsable», aunque no fija un plazo perentorio. Este escenario elevaría la incertidumbre: deja abierta la posibilidad que la entidad señale en cualquier momento la responsabilidad de una empresa. “Si ahora la autoridad no determina responsabilidad puede hacerlo más adelante pero no se sabe hasta cuándo. Y eso resulta un poco arbitrario”, añade Málaga.
